CGT acusa a la Consejería de Educación y a las Direcciones Provinciales de no asumir su responsabilidad y culpabilizar a los trabajadores

El pasado 6 de julio la Consejera de Educación, Rocío Lucas, expuso en una rueda de prensa dos documentos que pretenden organizar el regreso a la actividad lectiva a principios del curso 2020-21, a través de 16 medidas generales que afectan a todo tipo de aspectos y al personalvinculado al proceso educativo.

Lucas señaló ese día que dichas medidas de carácter preventivo y organizativo habían estado supervisadas por la Dirección General de Salud Pública y que se había hecho un estudio detallado por Centros del número de grupos, de alumnos por grupo, del número de aulas, de su superficie, así como de previsión de alumnado. Por último, anunció que tras todos estos estudios, se contrataría entre 500 y 600 docentes más, y que se adquirirían 10.000 dispositivos portátiles para prestar al alumnado.

Para el sindicato CGT todo esto ha demostrado ser mera propaganda, con falta de certezas y de concreciones, pues los Centros no han sido consultados antes de sacar estos documentos de la Consejería de Educación.

Así el sindicato considera de facto lo que la Consejería ha hecho es un “gran” documento estándar y obligado a los Centros a rellenarlo como mejor han podido en función de sus instalaciones, para reenviárselo antes del final de julio.

El punto departida es igual al curso anterior: ratios de alumnos (número dealumnos en el aula) muy elevado, y docentes con sobrecarga lectiva después de negarse la Junta a cumplir su firmada y prometida reversión de horas lectivas tras el incremento sufrido desde 2012.

“Lamentablemente la Junta ha pasado la pelota a los Centros, haciendo un Protocolo de buenas intenciones e irrealizable en muchos casos, donde  se responsabiliza y culpa a los Centros, a sus equipos directivos y al resto del personal, en caso de no poder cumplirlo si se dan contagios de COVID-19, mientras la Consejería y sus Direcciones Provinciales se lavan las manos” sentencia CGT, a quienes les resulta sorprendente que la Dirección General de Salud dé el visto bueno a estas medidas.

En palabras de CGT “La Consejería de Educación se ha acostumbrado a no dotar al personal docente de los medios necesarios para su función, corriendo a su cargo en muchas ocasiones hasta el material de papelería (bolígrafos, cuadernos del profesor, batas, etc.). Ahora, si el Centro quiere que su personal tenga este mínimo elemento de salud laboral disponible para sus trabajadores, lo tendrá que pagar él mismo sin aumento alguno de los presupuestos para este concepto (hay que tener en cuenta que una mascarilla quirúrgica debe retirarse al cabo de 4-8 horas de uso, lo que supone que un trabajador de un centro docente necesita una mascarilla para trabajar y otra en su vida personal)”