Izquierda Unida pone en conocimiento del Ministerio de Consumo la "tropelía" sufrida por los y las estudiantes de las residencias Helmantica I y II

El pasado día 13 de marzo el Rector de la Universidad de Salamanca decretó la suspensión de las clases impartidas de manera presencial como medida frente al COVID-19. Tan solo un día después el Gobierno del Estado decretó el Estado de Alarma.

Debido a la clausura de gran parte de las residencias de estudiantes y al abandono de estos de las mismas con motivo de encontrarse en su residencia familiar, y según expone el grupo de izquierdas, muchos se han encontrado a su vuelta que la dirección de la  residencia les hace firmar un documento que los autorice a cobrar la cuota de junio, y quedarse con la fianza, no pudiendo acceder a sus habitaciones a recoger sus pertenencias hasta que firmen el acuerdo.

Como consecuencia de la Pandemia, el gobierno aprobó el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, donde establece en su artículo 36 que "la empresa prestadora de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación del servicio a posteriori y sólo si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha recuperación entonces se procedería a la devolución de los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo del servicio no prestado por dicha causa".

Es por ello que desde Izquierda Unida Salamanca se ha puesto en contacto con el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón para que se vele por los derechos de estos usuarios.

Cabe recordar que desde Izquierda Unida "siempre hemos defendido la necesidad de impulsar en nuestra ciudad una mayor oferta de Residencias Universitarias Públicas que garanticen el acceso a una vivienda estudiantil a todo el estudiantado con calidad y derechos. En momentos como los vividos se hacen más indispensables si caben unos servicios públicos de calidad, que garanticen la igualdad de oportunidades".