Peñaranda en Común se opone al posible cierre de la oficina del Registro Civil en la localidad.

Para la formación peñarandina es un nuevo ataque a lo que se ha dado en llamar la “España vaciada”, y alertan, una vez más, de la merma en los servicios públicos que poco a poco va sufriendo el medio rural, lo que intensifica  más si cabe el fenómeno de la despoblación.

La entrada en vigor de dicha ley cerrará la práctica totalidad de oficinas del Registro Civil que, en las medianas y pequeñas  poblaciones, venían prestando servicio a la hora de realizar diferentes trámites.  A partir de dicha  fecha, ya no se podrán hacer de forma presencial, obligando a los vecinos a hacer las gestiones por vía telemática, a pagar por los servicios de una gestoría o despacho de abogados, o a desplazarse a la oficina de una gran ciudad.

Por todo ello, desde  Peñaranda en Común registrarán en los próximos días una moción, a la que esperan que se sume el resto de formaciones municipales,  en la que  defenderán la  necesidad del mantener  las oficinas del Registro Civil como un servicio público y gratuito, como lo ha venido siendo hasta ahora. “Es necesario garantizar el mantenimiento de todas las oficinas existentes en la actualidad, especialmente en el medio rural,  para que se sigan atendiendo las necesidades de los vecinos de Peñaranda y la comarca”, exponían.

Por último, el portavoz de la formación, Ángel Tejeda, lamentaba que: “los sucesivos gobiernos de España no hayan tenido en cuenta que es  solo con una férrea defensa de los servicios públicos de calidad  como se conseguirá fijar población en las zonas rurales. Sin embargo la dirección de los acontecimientos parece ir en línea contraria,   la entrada en vigor de esta ley  supondría la reducción desde las 7.500 oficinas actuales a poco más de un centenar,  perjudicándose  con ello  a los colectivos más vulnerables como son las personas mayores,  con pocos recursos,  con problemas de movilidad o con dificultades para  desenvolverse y acceder a las nuevas tecnologías” .

Acababan, defendiendo  el derecho de todos los ciudadanos  a  hacer uso de los servicios del Registro Civil con garantía de los principios de accesibilidad universal.